Portilla, Ruy-Díaz & Aguilar, S.C. · Criterios Jurisprudenciales
Boletín Jurisprudencial
Hecho por: Lic. Ludwing Alexis Lefort Palacios
Viernes 13 de noviembre de 2026
Duodécima Época
Edición n.° 24
30 tesis revisadas · 21 criterios seleccionados · 5 materias Obligatoria a partir del martes 17 nov 2026
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📋 Resumen ejecutivo de la semana

Compartimos el presente boletín semanal de criterios jurisprudenciales relevantes, elaborado a partir de las tesis y jurisprudencias publicadas por el Semanario Judicial de la Federación el viernes pasado. En esta edición, por su impacto práctico y estrecha relación con nuestras áreas de especialización, merecen atención preferente las siguientes: (1) la tesis I.3o.C.2 K (12a.) (Reg. 2032895) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece que, en los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil oral, la audiencia de desahogo de la confesión judicial constituye la última resolución para efectos de la procedencia del amparo indirecto, de modo que es a partir de ella —y a través de ella, respecto de violaciones como la calificación de posiciones— que debe acudirse al juicio de amparo; (2) la jurisprudencia P./J. 222/2026 (12a.) (Reg. 2032910) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fija los elementos para imponer la multa por entorpecimiento o dilación procesal del artículo 250 de la Ley de Amparo —circunstancias de la recusación, naturaleza y sustento de los argumentos, reiteración o simultaneidad de las promociones e impacto en el procedimiento— y precisa que, por ser una sanción de ultima ratio, sólo procede ante elementos claros de mala fe o abuso procesal; (3) la jurisprudencia PR.A.C.CS. J/14 C (12a.) (Reg. 2032893) del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, que determina que la suspensión o restricción del uso de áreas comunes o amenidades por parte de los órganos de administración de un condominio privado no es un acto de autoridad para efectos del amparo indirecto cuando deriva exclusivamente de las reglas de organización interna del régimen condominal, por lo que la demanda puede desecharse desde el auto inicial si esa naturaleza se advierte objetivamente; y (4) la jurisprudencia PR.A.C.CN. J/64 A (12a.) (Reg. 2032905) del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, conforme a la cual la tabla del artículo 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana para 2024, que sirve para calcular el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no viola la proporcionalidad tributaria por el aumento en los límites inferiores de sus rangos, pues su progresividad debe analizarse en conjunto a partir de la mecánica completa de cálculo y no de forma aislada.

Aplicación obligatoria a partir del martes 17 de noviembre de 2026
I

Civil

0 tesis
Sin criterios en materia Civil en esta edición.
II

Mercantil

1 tesis
Tesis Aislada Tribunales Colegiados de Circuito Relevancia Alta
AMPARO INDIRECTO — LA AUDIENCIA EN LA QUE SE DESAHOGA LA CONFESIÓN JUDICIAL DENTRO DE LOS MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ORAL, CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA
Reg. 2032895 · I.3o.C.2 K (12a.) · Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

¿Qué resuelve?

En unos medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil oral se celebró la audiencia de desahogo de la confesión judicial solicitada, en la que, por su incomparecencia, se tuvo por confesa a una persona moral en la certeza de la deuda respecto de las posiciones previamente calificadas por la persona juzgadora. Inconforme con la calificación de diversas posiciones, la presunta demandada promovió amparo indirecto contra esa audiencia; el Juzgado de Distrito desechó la demanda por estimar que no era la última resolución del procedimiento, sino una violación procesal, y la quejosa interpuso queja. Al resolver la queja 108/2026, el Tribunal Colegiado sostiene que los medios preparatorios, por formar parte de los actos realizados fuera de juicio, siguen la regla del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo: el amparo indirecto procede, por regla general, sólo contra la determinación que los concluye, salvo que los actos dentro del procedimiento afecten materialmente derechos sustantivos. Con el desahogo de la confesión judicial se cumple el objeto de esta preparación conforme al artículo 1162 del Código de Comercio; aunque los artículos 1163 y 1164 regulan la citación y las consecuencias de la incomparecencia, el Código no prevé cómo culmina este procedimiento, por lo que la audiencia relativa constituye la última resolución emitida y, a partir de ella, es procedente el amparo indirecto.

Para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, la audiencia de desahogo de la confesión judicial solicitada en medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil oral constituye la última resolución emitida en ese procedimiento.

¿Por qué nos importa?

Criterio de aplicación directa en juicios orales mercantiles en el que los medios preparatorios —en particular la confesión judicial del presunto deudor— son una herramienta frecuente para preparar el juicio ejecutivo mercantil. Fija con claridad el momento desde el cual puede acudirse al amparo indirecto: la audiencia de desahogo, en la que se califican las posiciones y, en su caso, se tiene por confeso al citado. Para la persona citada, la consecuencia práctica es de oportunidad: si pretende cuestionar la calificación de posiciones o la declaración de confesión por incomparecencia, no conviene esperar al juicio ejecutivo posterior; debe vigilar el plazo para promover amparo contra la audiencia (en general, de quince días conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, salvo los supuestos de excepción). Para quien promueve los medios preparatorios, advierte que la audiencia puede ser impugnada de inmediato, por lo que conviene cuidar la debida citación del absolvente y la correcta calificación de las posiciones, a fin de blindar el resultado de la diligencia frente a un eventual amparo. La tesis se limita a la procedencia del amparo y no define el alcance probatorio de la confesión.

Práctica: MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO · CONFESIÓN JUDICIAL · JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ORAL · PROCEDENCIA DEL AMPARO
III

Derechos Humanos

1 tesis
Tesis Aislada Pleno de la SCJN Relevancia Media
OPINIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA DETENCIÓN ARBITRARIA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS — CONSTITUYEN CRITERIOS ORIENTADORES RELEVANTES
Reg. 2032896 · P. VII/2026 (12a.) · Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

¿Qué resuelve?

Una persona indígena fue detenida de forma violenta y sujeta a diversos procesos penales; denunció haber sido torturada para autoincriminarse y permaneció más de diez años en prisión preventiva oficiosa. Presentó una denuncia individual ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que consideró arbitraria su detención y recomendó su liberación y reparación. Al estimar que la opinión no había sido atendida, promovió amparo indirecto; el Juzgado de Distrito sobreseyó porque la opinión se dirigía al Estado mexicano y no a las autoridades señaladas, y la Suprema Corte atrajo la revisión. Al resolver el amparo en revisión 42/2025, el Pleno sostiene que el Grupo de Trabajo es un mecanismo especial creado por resoluciones del Consejo, sin facultades jurisdiccionales ni atribuciones para imponer obligaciones directas, por lo que sus opiniones no son vinculantes en el orden jurídico mexicano. Sin embargo, la ausencia de obligatoriedad formal no autoriza a las autoridades a desestimarlas de forma automática: conforme al artículo 1o. constitucional, todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, lo que implica atender los criterios internacionales relevantes. Por ello, las opiniones son un referente interpretativo en materia de libertad personal y las autoridades deben examinarlas y pronunciarse de manera expresa, fundada y motivada sobre su eventual inaplicación.

Las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU no son jurídicamente vinculantes en el orden jurídico mexicano, pero sí constituyen criterios orientadores relevantes en materia de derechos humanos, por lo que no es constitucionalmente válido desestimarlas de manera automática por su falta de obligatoriedad formal.

¿Por qué nos importa?

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la tesis aporta una regla de método que trasciende el caso penal en que surgió: los pronunciamientos de órganos internacionales no vinculantes no pueden ignorarse, y la autoridad que se aparte de ellos debe explicar por qué, con el estándar de motivación exigible a todo acto de autoridad. Aunque nuestra práctica no es penal, la lógica es transferible a las materias en que intervenimos: permite sustentar, en escritos de amparo, familiares o de consumo, la invocación de observaciones, recomendaciones u opiniones de comités y mecanismos de la ONU (por ejemplo, en materia de infancia, de violencia contra las mujeres o de personas con discapacidad) como argumento interpretativo, y exigir a la persona juzgadora un pronunciamiento expreso si decide no atenderlos. En la práctica, conviene citar la opinión o recomendación concreta, su relación con el derecho humano en juego y solicitar que la resolución se pronuncie sobre ella, pues el deber de análisis se satisface con un pronunciamiento motivado, no con su aplicación. El tema se aprobó por una mayoría reducida de cinco votos, lo que invita a seguir su evolución.

Práctica: CRITERIOS INTERNACIONALES · CONTROL DE CONVENCIONALIDAD · MOTIVACIÓN REFORZADA · LIBERTAD PERSONAL
IV

Amparo

8 tesis
Jurisprudencia Pleno de la SCJN Relevancia Alta
MULTA POR ENTORPECIMIENTO O DILACIÓN PROCESAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 250 DE LA LEY DE AMPARO — ELEMENTOS PARA SU ACTUALIZACIÓN
Reg. 2032910 · P./J. 222/2026 (12a.) · Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

¿Qué resuelve?

Al resolver el impedimento 33/2024, el Pleno analizó el caso de una parte que, en el trámite de diversos impedimentos y recusaciones dentro de un medio de impugnación en materia de amparo, formuló múltiples recusaciones y recursos de reclamación contra acuerdos de trámite. Desestimadas las recusaciones, la Suprema Corte estudió si procedía imponer la multa del artículo 250 de la Ley de Amparo por el uso dilatorio de esos medios. La jurisprudencia precisa que la multa tiene una finalidad estrictamente correctiva —sancionar el abuso del proceso— y que, para imponerla, el órgano jurisdiccional debe tomar en cuenta, entre otros elementos, las circunstancias en que se promovió la recusación, la naturaleza y el sustento de los argumentos, la reiteración o simultaneidad de las promociones y el impacto que su tramitación produjo en el procedimiento. La sanción no depende de que la recusación resulte fundada o infundada, sino de ese contexto: cuando carece de sustento objetivo, se formula de manera simultánea o reiterada y genera una dilación indebida, se evidencia un patrón de conducta procesal abusiva. Por su naturaleza restrictiva, las sanciones procesales deben aplicarse con estricta interpretación, conforme al principio pro actione (a favor de la acción), de modo que la multa es la ultima ratio (último recurso) del sistema y sólo procede ante elementos claros de mala fe o abuso procesal.

Para imponer la multa prevista en el artículo 250 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional deberá tomar en cuenta, entre otros elementos, las circunstancias en que se promovió la recusación, la naturaleza y el sustento de los argumentos formulados, la reiteración o simultaneidad de las promociones y el impacto que su tramitación produjo en el procedimiento.

¿Por qué nos importa?

Criterio de aplicación cotidiana en la estrategia procesal del amparo, porque delimita cuándo una recusación o un recurso de trámite puede traducirse en una sanción económica. Para quien promueve, la lección es de prudencia: la multa se mide por el patrón de conducta (sustento objetivo, reiteración, simultaneidad, impacto en el trámite), por lo que conviene que cada recusación o reclamación se funde en causas concretas y se plantee una sola vez, sin multiplicar promociones sobre el mismo punto. Para la contraparte, ofrece una guía para solicitar la imposición de la multa cuando se advierta una conducta dilatoria, documentando la secuencia de promociones y el retraso causado. Al mismo tiempo, protege al litigante de buena fe: al exigir estricta interpretación y elementos claros de mala fe, desalienta que la sanción se use para inhibir el ejercicio legítimo de los medios de defensa. Se lee junto con la tesis Reg. 2032884, reseñada en la edición n.° 23, sobre el billete de depósito exigido para recusar, garantía que se hace efectiva si la recusación se promovió para entorpecer o dilatar el procedimiento.

Práctica: MULTA POR DILACIÓN PROCESAL · RECUSACIÓN · ABUSO DEL PROCESO · PRINCIPIO PRO ACTIONE
Jurisprudencia Plenos Regionales Relevancia Alta
ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO — NO LO CONSTITUYE LA SUSPENSIÓN O RESTRICCIÓN DEL USO DE ÁREAS COMUNES O AMENIDADES POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE UN CONDOMINIO PRIVADO, CUANDO DERIVA EXCLUSIVAMENTE DE LAS REGLAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA DEL RÉGIMEN CONDOMINAL
Reg. 2032893 · PR.A.C.CS. J/14 C (12a.) · Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México

¿Qué resuelve?

Al resolver la contradicción de criterios 60/2026 entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Sexto Circuito, el Pleno Regional definió si la suspensión o restricción del uso de áreas comunes o amenidades por parte de los órganos de administración de un condominio privado equivale a un acto de autoridad para efectos del amparo indirecto y si ello puede determinarse desde el auto inicial: uno estimó que no era acto de autoridad y que podía definirse en ese momento; el otro, que no había elementos suficientes y que no se actualizaba una causa manifiesta e indudable de improcedencia. El Pleno Regional sostiene que, conforme al artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, los particulares sólo son autoridad responsable cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Para ello debe existir un nexo normativo de origen estatal que coloque al particular en una posición diferenciada para producir unilateralmente la afectación, y la potestad ejercida debe constituir materialmente una función pública; no basta que una ley reconozca o regule las facultades de los órganos de administración. Cuando la restricción deriva del reglamento interno, de acuerdos de asamblea o de las reglas de convivencia, el órgano de administración actúa en una relación de coordinación entre particulares. Si esa naturaleza se advierte objetivamente de la demanda, sus anexos y el marco normativo, sin necesidad de esclarecer hechos, la demanda puede desecharse desde el auto inicial conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo.

La suspensión o restricción del uso de áreas comunes o amenidades atribuida a los órganos de administración de un condominio privado no constituye un acto equivalente a los de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando deriva exclusivamente de las reglas de organización interna del régimen condominal y no del ejercicio de una potestad pública conferida por una norma general.

¿Por qué nos importa?

Criterio de aplicación directa en los conflictos condominales, frecuentes en la práctica civil (cuotas de mantenimiento, uso de amenidades, sanciones internas). Cierra la vía del amparo contra la suspensión o restricción de áreas comunes decretada por el administrador o el comité con base en el reglamento interno o en acuerdos de asamblea: esos conflictos deben plantearse en la vía civil —impugnación de acuerdos de asamblea y acciones derivadas de la legislación condominal y del propio reglamento—, con sus propias medidas cautelares. Para el condómino afectado, conviene elegir desde el inicio la vía ordinaria y, si se considera que el administrador ejerció una potestad conferida por una norma general con naturaleza materialmente pública, demostrarlo desde la demanda, pues el desechamiento operará cuando el carácter privado del acto resulte evidente. Para administraciones y comités, ofrece un argumento sólido para oponerse a la admisión de un amparo y para solicitar su desechamiento desde el auto inicial. El método del criterio —analizar el nexo normativo de origen estatal y la naturaleza pública de la función— se proyecta a otros particulares señalados como autoridad. Se lee con las jurisprudencias PR.CRT. J/4 A (Reg. 2032897) y PR.A.C.CS. J/10 A (Reg. 2032903), publicadas en esta misma edición, que también regulan cuándo puede decidirse sobre el carácter de autoridad desde el auto inicial.

Práctica: ACTO DE AUTORIDAD · CONDOMINIO · ÁREAS COMUNES · DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO
Jurisprudencia Plenos Regionales Relevancia Media
AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO — NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A UNA CONCESIONARIA DE TELECOMUNICACIONES POR LA EJECUCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES
Reg. 2032897 · PR.CRT. J/4 A (12a.) · Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones

¿Qué resuelve?

Al resolver la contradicción de criterios 9/2026 entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, el Pleno Regional definió si desde el auto admisorio puede determinarse que una prestadora del servicio de telefonía móvil, señalada como responsable por la ejecución de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles (publicados el 9 de diciembre de 2025), carece del carácter de autoridad. Uno de los tribunales consideró manifiesta e indudable la improcedencia, porque los concesionarios actúan sin discrecionalidad, en cumplimiento de obligaciones impuestas por una norma general en auxilio de la función regulatoria del Estado; el otro, que el análisis debe ser exhaustivo y propio de la sentencia. El Pleno Regional se inclina por la segunda postura. Retoma la regla de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.): en el proveído inicial sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y sus pruebas, por lo que no es la actuación oportuna para verificar si una autoridad tiene tal carácter. En el caso, no es posible concluir de forma manifiesta e indudable si los lineamientos otorgan al concesionario un margen de discrecionalidad o decisión propio, con atributos de acto de autoridad que incida unilateralmente en la esfera jurídica de las personas, pues ello exige un estudio exhaustivo de toda la normativa vinculada, propio de la sentencia de fondo.

Cuando en la demanda de amparo indirecto se señala como autoridad responsable a una concesionaria de telecomunicaciones por la ejecución de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, el auto inicial de trámite no es la actuación procesal oportuna para determinar si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia.

¿Por qué nos importa?

Criterio de interés para el litigio de amparo en el que se señala como responsable a un particular que presta un servicio regulado. Para quien promueve —usuarios de telefonía móvil o empresas— evita que la demanda sea desechada de plano cuando el carácter de autoridad de la concesionaria depende del estudio de la normativa aplicable, de modo que podrá seguirse el trámite y, en su caso, pedirse la suspensión. Para las concesionarias, implica que su defensa sobre la falta de carácter de autoridad deberá hacerse valer al rendir su informe justificado y en el estudio de fondo, y no mediante el cuestionamiento de la admisión de la demanda. Más allá del sector, reitera una pauta general: el desechamiento inicial por causa manifiesta e indudable de improcedencia sólo procede cuando la conclusión resulta con certeza de la demanda y sus anexos, y no cuando se requiere analizar el régimen normativo con profundidad. Se lee junto con las jurisprudencias Reg. 2032893 y Reg. 2032903, de esta misma edición, que aplican ese estándar a otros supuestos, y con la jurisprudencia P./J. 217/2026 (12a.) (Reg. 2032835), reseñada en la edición n.° 22, sobre los mismos lineamientos.

Práctica: AUTO INICIAL · CAUSA MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA · PARTICULARES COMO AUTORIDAD · TELECOMUNICACIONES
Jurisprudencia Plenos Regionales Relevancia Media
IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO — PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO SEA MANIFIESTA E INDUDABLE LA NATURALEZA PATRONAL DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE PERSONAL DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS
Reg. 2032903 · PR.A.C.CS. J/10 A (12a.) · Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México

¿Qué resuelve?

Al resolver la contradicción de criterios 108/2026 entre el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el Pleno Regional definió si desde el auto inicial puede desecharse la demanda de amparo indirecto promovida por personal de los Tribunales Agrarios contra cambios de adscripción acordados por el Pleno del Tribunal Superior Agrario. Uno de los tribunales consideró manifiesto que el órgano actuó como patrón, en una relación de coordinación; el otro, que en ese momento no podía determinarse y era necesario un análisis exhaustivo propio de la sentencia. El Pleno Regional sostiene que procede el desechamiento cuando, del examen integral de la demanda, sus aclaraciones y anexos, a la luz del régimen aplicable, se advierta de manera manifiesta e indudable que: 1) la persona promovente tiene un vínculo laboral con los Tribunales Agrarios; 2) la medida es exclusivamente una decisión de administración de esa relación; y 3) el órgano emisor actuó como patrón. De los artículos 8o., fracción VII, 11 y 26 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, la administración del personal comprende nombramiento, adscripción y separación, aun cuando la ejerzan órganos que en otros ámbitos realizan funciones jurisdiccionales. La sesión administrativa, la unilateralidad, la invocación de necesidades del servicio o la clasificación como personal de base o de confianza no modifican esa naturaleza. La improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, no puede sustentarse en afirmaciones genéricas ni imponer a la persona quejosa la carga de acreditar desde el inicio que el emisor actuó como autoridad; si se requiere información adicional, no procede el desechamiento.

Debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto contra el cambio de adscripción acordado por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, cuando del examen integral de la demanda, sus aclaraciones y anexos, a la luz del régimen normativo aplicable, se advierta de manera manifiesta e indudable que la persona promovente tiene un vínculo laboral con los Tribunales Agrarios, que la medida constituye exclusivamente una decisión de administración de esa relación y que el órgano emisor actuó como patrón.

¿Por qué nos importa?

Criterio de utilidad en el amparo que involucra a entes públicos en su carácter de patrones, y de particular interés para nuestra práctica administrativa y agraria. Para el personal de tribunales y dependencias públicas, la consecuencia es que los actos de administración de la relación laboral —adscripciones, cambios de lugar de trabajo— difícilmente podrán reclamarse en amparo indirecto cuando su naturaleza patronal sea evidente, por lo que la defensa debe orientarse a la vía laboral o burocrática que corresponda. Al mismo tiempo, el criterio fija límites protectores: no se puede desechar con base en generalidades, ni exigir a la persona quejosa acreditar de inicio el carácter de autoridad, y basta que la demanda o sus anexos no permitan afirmar con certeza la naturaleza exclusivamente patronal del acto para que la demanda deba admitirse. En la práctica, al redactar la demanda conviene describir con precisión el acto, su fundamento y los elementos que lo apartan de una decisión meramente patronal; al defender al ente público, acompañar el régimen normativo y las constancias que acrediten la relación de trabajo. Es una pieza más del estándar sobre el desechamiento inicial por causa manifiesta e indudable, que se aprecia también en las jurisprudencias Reg. 2032893 y Reg. 2032897 de esta edición.

Práctica: CAUSA MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA · TRIBUNALES AGRARIOS · CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN · ENTES PÚBLICOS COMO PATRONES
Jurisprudencia Plenos Regionales Relevancia Media
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO — PROCEDE CONTRA CUOTAS COMPENSATORIAS DERIVADAS DE RESOLUCIONES PRELIMINARES ANTIDUMPING SI SE GARANTIZA EL INTERÉS FISCAL
Reg. 2032922 · PR.CRT. J/3 A (12a.) · Pleno Regional Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones

¿Qué resuelve?

Al resolver la contradicción de criterios 6/2026 entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, el Pleno Regional definió si procede la suspensión provisional contra las cuotas compensatorias provisionales impuestas en resoluciones preliminares de investigaciones antidumping. Uno de los tribunales la negó, por considerar que el establecimiento de las cuotas responde a una noción de orden público e interés social que debe estudiarse caso por caso; el otro, que el artículo 129, fracción X, de la Ley de Amparo las excluye del régimen general de afectación al orden público y las somete al artículo 135, por lo que procede condicionada a la garantía del interés fiscal. El Pleno Regional adopta la segunda postura: de la interpretación sistemática de los artículos 129, fracción X, y 135, se deduce que el legislador determinó que la suspensión de estas cuotas no contraviene el orden público ni causa perjuicio al interés social, y una vez garantizado el interés fiscal la suspensión será efectiva. Como la estimación del orden público atiende a los efectos reales de la medida en la colectividad, y el legislador ya realizó esa ponderación, la persona juzgadora no puede reabrirla de forma casuística sustituyéndola por consideraciones de política económica. Ello es congruente con los artículos 64 y 65 de la Ley de Comercio Exterior, que confirman la procedencia de garantizar las cuotas compensatorias provisionales en los términos del Código Fiscal de la Federación.

Procede la suspensión provisional contra las cuotas compensatorias derivadas de una resolución preliminar de un procedimiento administrativo de investigación antidumping, sin que pueda considerarse, por sí misma, contraria al orden público ni al interés social, sujetándose su efectividad al otorgamiento de la garantía del interés fiscal correspondiente.

¿Por qué nos importa?

Criterio de interés para clientes importadores y distribuidores de mercancías sujetas a investigaciones antidumping y para el litigio de comercio exterior en amparo. Elimina la incertidumbre sobre si la suspensión provisional puede negarse por razones de política económica o de protección a la industria nacional: si el legislador excluyó expresamente este supuesto del análisis de afectación al orden público, la medida procede y su efectividad depende de garantizar el interés fiscal. En la práctica, conviene tener preparada con anticipación la garantía (billete de depósito, fianza u otra permitida por el Código Fiscal de la Federación) por el monto de las cuotas provisionales, pues sin ella la suspensión no surtirá efectos, y solicitar la medida desde la demanda de amparo contra la resolución preliminar. Para la autoridad, restringe la posibilidad de oponerse a la medida con argumentos de interés social. En términos metodológicos, el razonamiento —cuando la ley ya ponderó el orden público, la persona juzgadora no puede reabrir esa ponderación— puede invocarse frente a otras excepciones legales del artículo 129 de la Ley de Amparo.

Práctica: SUSPENSIÓN PROVISIONAL · CUOTAS COMPENSATORIAS · ANTIDUMPING · GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL
Tesis Aislada Tribunales Colegiados de Circuito Relevancia Alta
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO — SON INOPERANTES LOS EXPRESADOS CONTRA UN LAUDO DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, CUANDO LA PERSONA QUEJOSA REITERA CUESTIONES ANALIZADAS Y RESUELTAS EN ÉSTA, POR CONSTITUIR COSA JUZGADA
Reg. 2032898 · III.1o.T.3 K (12a.) · Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

¿Qué resuelve?

Una persona trabajadora promovió amparo directo contra un laudo emitido en cumplimiento de una ejecutoria de amparo dictada en un juicio promovido por ella misma y, en sus conceptos de violación, reiteró los motivos de disenso que había expuesto en la primera demanda, los cuales ya habían sido analizados y resueltos en esa ejecutoria. Al resolver el amparo directo 952/2023, el Tribunal Colegiado sostiene que tales conceptos son inoperantes: lo decidido en la ejecutoria anterior quedó firme y constituye cosa juzgada, por lo que el órgano jurisdiccional no puede entrar nuevamente a su estudio. La cosa juzgada que se genera en el amparo impide, así, que la persona quejosa utilice el segundo juicio constitucional —promovido contra el acto emitido en cumplimiento— para volver a plantear cuestiones que el propio Tribunal Colegiado ya examinó y resolvió. Aunque la tesis se originó en un laudo laboral, el razonamiento atiende a la naturaleza de la ejecutoria de amparo y no a la materia del juicio de origen.

Son inoperantes los conceptos de violación formulados contra un laudo dictado en cumplimiento de una ejecutoria de amparo anterior, cuando la persona quejosa reitera cuestiones que ya fueron analizadas y resueltas en el precedente respectivo, pues lo decidido constituye cosa juzgada y no puede ser materia de un nuevo estudio.

¿Por qué nos importa?

Desde el análisis de la cosa juzgada respecto de cuestiones resueltas en una ejecutoria de amparo, el criterio tiene un alcance práctico que rebasa la materia laboral: el mismo razonamiento puede invocarse frente a sentencias civiles, mercantiles o familiares dictadas en cumplimiento de un amparo directo cuando se promueve un segundo amparo. Para la parte quejosa, la lección es de planeación: los argumentos que no se hagan valer, o que se reiteren sin variación, en el primer amparo no podrán rehacerse después; por ello, la demanda inicial debe agotar todos los planteamientos relevantes, y el segundo amparo debe concentrarse en lo nuevo, esto es, en los vicios propios de la resolución de cumplimiento, y no en lo ya resuelto. Para la parte tercera interesada o beneficiaria, ofrece un argumento sólido para que los conceptos reiterativos se declaren inoperantes y para defender la firmeza de la sentencia emitida en cumplimiento. Conviene advertir que la tesis se refiere a cuestiones efectivamente analizadas y resueltas en la ejecutoria; lo que no haya sido materia de estudio, o los vicios que se atribuyan al propio acto de cumplimiento, deben valorarse caso por caso.

Práctica: COSA JUZGADA · EJECUTORIA DE AMPARO · CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS · CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES
Tesis Aislada Tribunales Colegiados de Circuito Relevancia Media
NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO — SON NULAS LAS PRACTICADAS A UNA PERSONA ADULTA MAYOR EN ESTADO DE VULNERABILIDAD POR NO SABER LEER NI ESCRIBIR, SIN HABERSE REALIZADO LOS AJUSTES RAZONABLES PARA ELIMINAR LA BARRERA DEL ANALFABETISMO
Reg. 2032911 · I.3o.C.1 K (12a.) · Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

¿Qué resuelve?

Una persona adulta mayor promovió amparo indirecto contra una orden de desalojo y manifestó desde el escrito inicial que no sabía leer ni escribir, por lo que su abogado firmó la demanda a su ruego. El Juzgado de Distrito la previno para aclarar diversas cuestiones y ordenó notificar el auto de manera personal; la notificación se practicó mediante comparecencia de la quejosa en el local del juzgado, sin que del acta se advierta que estuvo asistida de su abogado ni que la fedataria le explicara el contenido del auto en lenguaje sencillo. Aunque presentó un escrito de desahogo, el Juzgado tuvo por no presentada la demanda al considerar vencido el plazo de cinco días, y la quejosa interpuso queja. Al resolver la queja 62/2026, el Tribunal Colegiado sostiene que las notificaciones personales a una persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad por no saber leer ni escribir son nulas si se practican sin los ajustes razonables necesarios para garantizar la comprensión de su contenido, consistentes en cerciorarse de que esté asistida de su defensor particular o de una persona de confianza que sepa leer y escribir o, en su caso, explicarle el proveído en un lenguaje sencillo, claro y comprensible. Esa omisión vicia de origen la determinación de tener por no presentada la demanda, pues el error atribuible al órgano jurisdiccional no debe impedir el acceso a la justicia, y afecta los derechos de audiencia y de defensa de los artículos 14 y 16 constitucionales.

Las notificaciones personales practicadas en el juicio de amparo a una persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad por no saber leer ni escribir deben declararse nulas cuando se realizan sin los ajustes razonables necesarios para garantizar la comprensión de su contenido, consistentes en cerciorarse de que esté asistida de su defensor particular o de una persona de confianza que sepa leer y escribir o, en su caso, explicarle el proveído en un lenguaje sencillo, claro y comprensible.

¿Por qué nos importa?

Criterio de utilidad práctica en amparos promovidos por personas adultas mayores —por ejemplo, contra desalojos, lanzamientos o actos en juicios sucesorios y familiares— y, en general, por quienes enfrentan barreras de comprensión. Para la parte quejosa, ofrece una vía para combatir el desechamiento o el tener por no presentada la demanda cuando la prevención se notificó sin los ajustes razonables: el cómputo del plazo no puede fundarse en una notificación viciada. Para el abogado patrono, la lección es preventiva: al presentar la demanda conviene manifestar expresamente la condición de la persona quejosa (edad, analfabetismo u otra barrera), acompañar a la persona cuando comparezca a notificarse y, de no haber sido asistida, hacerlo constar para impugnar la diligencia mediante la queja correspondiente. Para la contraparte, advierte que los plazos computados con base en una notificación así practicada pueden ser inválidos, por lo que conviene no confiar en un desechamiento o en una declaratoria de demanda no presentada obtenidos en esas condiciones. El criterio se apoya en la obligación de ajustes razonables y se proyecta a otros actos de comunicación procesal con personas en situación de vulnerabilidad.

Práctica: NOTIFICACIONES PERSONALES · PERSONAS ADULTAS MAYORES · AJUSTES RAZONABLES · ACCESO A LA JUSTICIA
Tesis Aislada Tribunales Colegiados de Circuito Relevancia Media
PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO — EL JUZGADOR FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA ADICIONAR OFICIOSAMENTE PUNTOS AL CUESTIONARIO PARA SU DESAHOGO
Reg. 2032916 · XIII.2o.C.A.1 K (12a.) · Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito

¿Qué resuelve?

En diversos incidentes por defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, las partes quejosas ofrecieron pruebas periciales en materia de construcción. Los Juzgados de Distrito tuvieron a las partes por conformes con el dictamen del perito oficial y adicionaron un punto al cuestionario para el desahogo de la prueba; las quejosas interpusieron queja con el argumento de que esa facultad está reservada a las partes. Al resolver las quejas 13/2026 y 46/2026, el Tribunal Colegiado sostiene que, conforme a los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo, la pericial tiene por objeto que una persona con conocimientos especiales ilustre al juzgador en cuestiones técnicas que escapan a su pericia, y su desahogo debe cumplir formalidades legales; por ello, el juzgador no sólo puede designar perito tercero, sino también vigilar el cumplimiento de esas formalidades y corregir las deficiencias del cuestionario. A ello se suma el artículo 75, párrafo tercero, que lo faculta a recabar de oficio las pruebas y actuaciones que estime necesarias para resolver el asunto. De la interpretación conjunta de esos preceptos concluye que el juzgador de amparo puede adicionar los puntos que estime necesarios al cuestionario con base en el cual se desahoga la pericial.

El Juzgado de Distrito está facultado para adicionar puntos al cuestionario para el desahogo de la prueba pericial en el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto en la Ley de Amparo.

¿Por qué nos importa?

Criterio de técnica probatoria en el amparo indirecto, relevante cuando los hechos dependen de un dictamen técnico (construcción, valuación, contabilidad, propiedad industrial, entre otros) y, en particular, en incidentes por defecto o exceso en el cumplimiento de la suspensión. Su consecuencia práctica es que el cuestionario propuesto por las partes no delimita de manera exclusiva la prueba: el órgano de amparo puede añadir puntos oficiosamente, por lo que al formular el cuestionario conviene ser exhaustivo y pensar desde el inicio en las preguntas que el juzgador podría considerar necesarias, a fin de no depender de una adición ajena a nuestra teoría del caso. Para la parte que objete la adición, la tesis indica que no basta alegar que la facultad pertenece a las partes; deberá argumentarse que el punto adicionado es innecesario o irrelevante para la litis, o que desborda las formalidades del desahogo. También conviene cuidar los plazos para presentar el cuestionario y la designación del perito, pues el juzgador está facultado para vigilar el cumplimiento de las formalidades de la prueba.

Práctica: PRUEBA PERICIAL · CUESTIONARIO · FACULTADES DEL JUZGADOR DE AMPARO · INCIDENTES DE SUSPENSIÓN
V

Constitucional

6 tesis
Jurisprudencia Pleno de la SCJN Relevancia Media
DERECHOS POR ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL PARA INMUEBLES — ES INCONSTITUCIONAL ESTABLECER TARIFAS DIFERENCIADAS SEGÚN EL DESTINO DEL INMUEBLE O LA CALIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)
Reg. 2032899 · P./J. 224/2026 (12a.) · Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

¿Qué resuelve?

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra disposiciones de leyes de ingresos de municipios del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2026 que establecen un cobro por el servicio de asignación de número oficial, con una cuota “tratándose de público en general” y una cuota mayor “tratándose de industria o comercio”. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 7/2026, por unanimidad de nueve votos, el Pleno sostiene que esas normas violan los principios de proporcionalidad y equidad tributaria del artículo 31, fracción IV, constitucional. Recuerda que los derechos por servicios que presta el Estado tienen una naturaleza distinta a la de los impuestos, por lo que, para respetar esos principios, debe atenderse al costo que implica para el Estado la ejecución del servicio, sin considerar elementos ajenos como la actividad económica de la persona solicitante o el uso del inmueble. La asignación de número oficial es un servicio individualizado que no varía por el hecho de que el inmueble se destine a casa habitación, comercio o industria; por ello, cuando el legislador introduce un elemento ajeno al costo del servicio se viola la proporcionalidad y, al dar un trato diferenciado a sujetos en situación equivalente sin justificación objetiva y razonable, se vulnera la equidad tributaria.

Las normas que establecen el pago de una cuota diferenciada por la asignación de número oficial, en función del destino del inmueble o de la calidad de la persona solicitante, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues dichos elementos son ajenos al costo del servicio prestado, así como para determinar el monto del derecho a pagar.

¿Por qué nos importa?

Desde la perspectiva constitucional tributaria, la jurisprudencia reitera el estándar de control de los derechos por servicios: la cuota debe guardar relación con el costo del servicio y no puede variar por factores ajenos a éste, como el giro del contribuyente o el uso del inmueble. Para clientes con inmuebles comerciales o industriales en municipios que cobren tarifas diferenciadas por servicios individualizados (número oficial, alineamiento, licencias, constancias), ofrece un argumento sólido para cuestionar cobros mayores por el solo hecho de tratarse de una actividad económica, ya sea mediante amparo contra la ley de ingresos con motivo de su primer acto de aplicación o mediante los medios de defensa contra el cobro. Conviene revisar las leyes de ingresos municipales de las entidades en que operan nuestros clientes, pues el criterio, aunque nace de la legislación poblana, se funda en el artículo 31, fracción IV, y puede invocarse por analogía frente a normas similares. Debe verificarse, en cada caso, el alcance y los efectos de la declaratoria de invalidez dictada en la acción de inconstitucionalidad y los plazos para impugnar.

Práctica: DERECHOS POR SERVICIOS · NÚMERO OFICIAL · PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA · LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES
Jurisprudencia Pleno de la SCJN Relevancia Media
DERECHOS POR ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL PARA INMUEBLES — LAS EXPRESIONES “POR CADA UNO” O “POR CADA NÚMERO” NO VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA NI DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)
Reg. 2032900 · P./J. 223/2026 (12a.) · Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

¿Qué resuelve?

En la misma acción de inconstitucionalidad 7/2026, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alegó que las expresiones “por cada uno” o “por cada número”, previstas para el cobro del derecho por asignación de número oficial en leyes de ingresos municipales de Puebla, eran ambiguas y violaban la seguridad jurídica y la legalidad tributaria, pues podían interpretarse como referidas a cada predio o a cada dígito del número oficial. El Pleno, por unanimidad, desestima el planteamiento. Recuerda que la legalidad tributaria exige que toda contribución sea creada por el legislador y que sus elementos esenciales (sujeto, objeto, base, tasa y época de pago) consten en la ley, de modo que la persona obligada conozca con certeza cómo debe contribuir y no quede margen a la arbitrariedad de la autoridad. Del sistema al que pertenecen las normas impugnadas —que prevé cobros por actos administrativos individualizados y unidades de medida como “por metro lineal”, “por metro cuadrado” o “por permiso”— resulta razonable concluir que “por cada uno” se refiere a cada acto de asignación de número oficial por inmueble, y no a sus dígitos. Se trata de un acto administrativo único e indivisible, la cuota está prevista de forma fija en la ley y su aplicación se vincula a un acto claramente identificable, de modo que no existe margen de discrecionalidad ni impedimento para que el gobernado conozca anticipadamente la cantidad a pagar.

Las expresiones “por cada uno” o “por cada número”, utilizadas para regular el cobro de derechos por asignación de número oficial, no vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad tributaria, ya que se refieren al acto de asignación de número oficial por inmueble y no a cada dígito que integra la nomenclatura correspondiente.

¿Por qué nos importa?

Criterio de método más que de resultado: muestra que, al analizar la claridad de una norma tributaria desde los principios de legalidad y seguridad jurídica, la Suprema Corte acude a una interpretación sistemática de la regulación en que se inserta la expresión impugnada, y no la estudia de forma aislada. Para nuestra práctica, implica que los planteamientos de inconstitucionalidad por supuesta ambigüedad de unidades de medida o de cobro tienen pocas posibilidades de prosperar cuando el sistema de la norma permite identificar con razonable certeza el acto o la unidad gravada, y que conviene reservarlos para casos en que realmente falte un elemento esencial o se deje margen de discrecionalidad a la autoridad. En contraste con la jurisprudencia Reg. 2032899, de esta misma edición, sobre el mismo derecho, la lección es de selección de argumentos: el cuestionamiento sustantivo (el cobro diferenciado) fue acogido, mientras que el formal (la redacción de la unidad de cobro) fue desestimado.

Práctica: LEGALIDAD TRIBUTARIA · SEGURIDAD JURÍDICA · INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA · NÚMERO OFICIAL
Jurisprudencia Pleno de la SCJN Relevancia Media
PERSONAS FACILITADORAS PÚBLICAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA — EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL ESTADO DE TLAXCALA, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA
Reg. 2032912 · P./J. 227/2026 (12a.) · Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

¿Qué resuelve?

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra el artículo 108, fracción I, inciso d), de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Tlaxcala, que exige para ser persona facilitadora pública en materia administrativa no haber sido condenada por los delitos señalados en los artículos 108 y 109 de la Constitución federal. Alegó que viola la legalidad y la seguridad jurídica, porque esos preceptos constitucionales no describen conductas delictivas específicas, lo que genera incertidumbre sobre los delitos que impedirían ocupar el cargo. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 50/2025, por unanimidad, el Pleno desestima el planteamiento. Desde la óptica de la legalidad y la seguridad jurídica, concluye que la remisión no es ambigua: aunque la norma local no incluye un catálogo de delitos, remite a preceptos constitucionales que prevén el régimen de responsabilidades de personas servidoras públicas y particulares vinculado con faltas graves y hechos de corrupción, los cuales se regulan en el Título Segundo del Libro Segundo del Código Penal tlaxcalteca. Así, quien aspire al cargo puede saber con exactitud qué delitos impedirían su desempeño, lo que brinda certeza. Además, la delimitación a delitos de corrupción guarda estrecha relación con la función de las personas facilitadoras, el uso correcto de los recursos públicos y la integridad del servicio público, lo que justifica la intención legítima del legislador.

El artículo 108, fracción I, inciso d), de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Tlaxcala no es ambiguo ni genera incertidumbre jurídica sobre los delitos por los que no debe ser condenada una persona que aspire al cargo de facilitadora pública en materia administrativa, porque la remisión a las conductas de los artículos 108 y 109 constitucionales permite identificar que se trata de ilícitos por hechos de corrupción.

¿Por qué nos importa?

Desde la óptica de la legalidad y la seguridad jurídica, la jurisprudencia convalida el uso de remisiones normativas a catálogos o categorías previstas en otros ordenamientos, siempre que de la lectura sistemática del régimen pueda identificarse con certeza la conducta o el supuesto al que se refiere la norma. El criterio es relevante para nuestra práctica en dos sentidos. Primero, en el terreno de los mecanismos alternativos de solución de controversias, cada vez más presentes en el litigio civil, familiar y mercantil: confirma la validez de los requisitos de integridad exigidos a quienes fungen como facilitadores públicos y muestra el estándar con que se evaluarán requisitos similares en otras entidades. Segundo, como método de análisis de normas por remisión: quien pretenda impugnar una disposición local por falta de certeza deberá demostrar que, aun leída en conjunto con las normas a las que remite, deja margen real de duda; en cambio, quien la defienda podrá apoyarse en la interpretación sistemática. Conviene advertir que el criterio se refiere a un requisito de elegibilidad para un cargo y a delitos de corrupción, por lo que su traslado a otros ámbitos debe hacerse con cautela.

Práctica: LEGALIDAD · SEGURIDAD JURÍDICA · REMISIÓN NORMATIVA · MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Jurisprudencia Pleno de la SCJN Relevancia Media
SUSPENSIÓN PARA EJERCER ACTIVIDADES EN CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA O DE LAS FUERZAS ARMADAS — VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS (ARTÍCULO 426, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS)
Reg. 2032921 · P./J. 228/2026 (12a.) · Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

¿Qué resuelve?

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra el artículo 426, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, reformado el 28 de marzo de 2025, que impone, cuando el delito de extorsión sea cometido por personas servidoras públicas o integrantes de corporaciones de seguridad pública o de las fuerzas armadas, la suspensión del derecho para ejercer actividades en corporaciones de esa naturaleza. Argumentó que la sanción no permite identificar su duración ni criterios para graduarla. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 55/2025, por mayoría de siete votos, el Pleno sostiene, desde la óptica del principio de proporcionalidad de las penas del artículo 22 constitucional, que la norma es inconstitucional. Recuerda que la potestad legislativa en materia penal está limitada por los principios de proporcionalidad y razonabilidad, de modo que las penas no pueden ser excesivas ni vulnerar la dignidad humana. El precepto no establece el tiempo máximo ni mínimo de la suspensión ni fija criterios que orienten su imposición, por lo que impide que las personas juzgadoras la individualicen a partir de elementos relevantes como la gravedad del delito, la culpabilidad de quien lo cometió o las circunstancias en que lo hizo.

La suspensión del derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad pública o de las fuerzas armadas, aplicable a las personas servidoras públicas o integrantes de corporaciones de esa naturaleza responsables del delito de extorsión, prevista en el artículo 426, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, vulnera el principio de proporcionalidad de las penas contenido en el artículo 22 de la Constitución Federal, porque no establece límites mínimos y máximos para su imposición.

¿Por qué nos importa?

Criterio de interés tangencial para nuestra práctica, pero con una enseñanza útil desde la óptica de la proporcionalidad: una sanción que carece de parámetros mínimos y máximos de duración o de criterios de individualización impide la graduación por la persona juzgadora y, por ello, es desproporcionada. Aunque la tesis se refiere a una pena en materia penal, la exigencia de que las sanciones prevean márgenes y criterios de individualización puede invocarse, con las cautelas debidas, como argumento de apoyo al cuestionar sanciones de otra naturaleza que se impongan sin parámetros (inhabilitaciones, suspensiones o consecuencias accesorias previstas en leyes administrativas o en procedimientos sancionadores), sobre todo cuando la norma no permite a la autoridad ponderar la gravedad de la conducta ni las circunstancias del caso. En asuntos penales relacionados con conflictos patrimoniales o societarios en los que intervengamos, sirve como referente para evaluar la regularidad de penas accesorias. Debe recordarse que el criterio se aprobó por mayoría de siete votos, con dos votos disidentes, y que su aplicación a materias distintas de la penal requiere un análisis específico de la norma y del tipo de sanción.

Práctica: PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS · INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES · ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL · LEGISLACIÓN LOCAL
Tesis Aislada Pleno de la SCJN Relevancia Media
ENTREGA DE PAQUETES ESCOLARES — EL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN XLII, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN NO VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
Reg. 2032902 · P. VI/2026 (12a.) · Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

¿Qué resuelve?

El Poder Ejecutivo Federal promovió acción de inconstitucionalidad contra el artículo 33, fracción XLII, de la Ley de Educación del Estado de Yucatán (Decreto 738/2024), que ordena entregar un paquete escolar a estudiantes de primaria y secundaria públicas, de Centros de Atención Múltiple y de primarias del Conafe en la entidad. Alegó que viola la igualdad y no discriminación en relación con el derecho a la educación, porque excluye injustificadamente a la niñez de educación inicial y preescolar. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 81/2024, el Pleno sostiene que la norma no configura un trato discriminatorio: no se estructura como una acción destinada a compensar la desventaja estructural de un grupo históricamente discriminado, sino como una intervención legislativa orientada a atender una problemática objetiva del sistema educativo, los niveles con mayor riesgo de abandono escolar. La delimitación de beneficiarios responde a un criterio razonable y objetivo vinculado con datos de deserción; no se basa en categorías sospechosas ni priva a otros niveles del acceso a diversos apoyos previstos en la legislación local, sino que define un ámbito inicial de cobertura para una medida específica. La distinción se sustenta en la finalidad legítima de combatir el abandono escolar donde se manifiesta con mayor intensidad y es expresión de la potestad configurativa del legislador para diseñar políticas públicas focalizadas.

La entrega de paquetes escolares a estudiantes de primaria y secundaria públicas prevista en el artículo 33, fracción XLII, de la Ley de Educación del Estado de Yucatán no configura un trato discriminatorio hacia otros niveles educativos no contemplados en la ley, pues representa una medida de carácter progresivo orientada a la permanencia escolar de los niveles con mayor riesgo de deserción, mediante la eliminación de barreras económicas.

¿Por qué nos importa?

Criterio de alcance acotado, pero útil como referente del estándar con que la Suprema Corte evalúa la igualdad frente a programas y beneficios focalizados: cuando el legislador delimita a los beneficiarios con base en un criterio objetivo y razonable, vinculado a datos que justifican la medida, y no a una categoría sospechosa, el trato diferenciado no es discriminatorio y se respeta su libertad de configuración. Para nuestra práctica constitucional y administrativa, sirve tanto para evaluar la viabilidad de impugnar programas, apoyos o estímulos que excluyen a ciertos grupos como para defender su validez; en ambos casos, el punto clave es la existencia (o ausencia) de una finalidad legítima y de datos objetivos que respalden la delimitación del beneficio. Su razonamiento se asemeja al aplicado en materia tributaria a los beneficios fiscales optativos. Debe tenerse presente que es una tesis aislada del Pleno, aprobada por mayoría de cinco votos en cuanto al tema —cuatro ministras y ministros consideraron que se trataba de una acción afirmativa—, por lo que su fuerza persuasiva es limitada y su evolución deberá seguirse.

Práctica: IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN · POLÍTICAS PÚBLICAS FOCALIZADAS · DERECHO A LA EDUCACIÓN · LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA
Jurisprudencia Plenos Regionales Relevancia Alta
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES — LA TABLA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE HACE AL AUMENTO EN LOS LÍMITES INFERIORES DE LOS DISTINTOS RANGOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2024)
Reg. 2032905 · PR.A.C.CN. J/64 A (12a.) · Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México

¿Qué resuelve?

Al resolver la contradicción de criterios 92/2026 entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero del Décimo Quinto Circuito, el Pleno Regional definió si la tabla del artículo 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, para 2024, transgrede la proporcionalidad tributaria por el aumento en los límites inferiores de los rangos: uno sostuvo que es constitucional; el otro, que no, por falta de progresividad. Por unanimidad, el Pleno Regional adopta la primera postura. Recuerda que la proporcionalidad exige contribuir según la capacidad económica y que la progresividad de una tarifa no implica incrementar la alícuota al cambiar de renglón, sino que el aumento sea proporcional al del ingreso o, en este caso, al valor del inmueble. Por ello, la tabla no puede analizarse de forma aislada o por partes, sino en conjunto: debe ubicarse el valor del inmueble en el rango correspondiente, restarle el límite inferior, multiplicar el resultado por la tasa marginal y sumar la cuota fija y la sobretasa. Aunque la diferencia entre los límites inferiores no es igual en todos los rangos (en los primeros es de ochocientos mil pesos y luego varía), al hacer el ejercicio con una cantidad que supera en cien mil pesos el límite inferior de cada rango, el aumento del monto a pagar —sin la cuota fija— es siempre constante, de quinientos pesos. De la aplicación conjunta de la mecánica deriva que la tarifa es progresiva, pues a mayor valor del inmueble se incrementan la cuota fija y la tasa marginal y, con ello, el impuesto a pagar.

La tabla contenida en el artículo 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal 2024, por lo que hace al aumento en los límites inferiores de los distintos rangos que prevé, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, al ser progresiva, ya que en la medida en que se incrementa el valor del inmueble también aumenta el monto a pagar por este impuesto.

¿Por qué nos importa?

Criterio de interés directo para operaciones inmobiliarias y para la asesoría fiscal que acompaña a la compraventa de inmuebles: el impuesto sobre adquisición de inmuebles es un costo relevante de cualquier adquisición y su cálculo mediante tablas progresivas es común en leyes de ingresos municipales. La jurisprudencia aclara que la validez de la tarifa se evalúa en conjunto, a partir de la mecánica completa (rango, límite inferior, tasa marginal, cuota fija y sobretasa), y que no basta señalar que las diferencias entre límites inferiores no son uniformes para acreditar una violación a la proporcionalidad. En consecuencia, los amparos que se funden únicamente en la falta de uniformidad de los límites de los rangos tienen pocas posibilidades de éxito en la región, por lo que conviene sustentar el planteamiento en un ejercicio numérico completo que demuestre, en su caso, una auténtica regresividad. Para la defensa de la autoridad y de los municipios, ofrece una metodología clara para sostener la constitucionalidad de tablas similares. Debe advertirse que el criterio se limita al argumento del aumento en los límites inferiores y a la legislación de Tijuana vigente en 2024; otros aspectos de la tarifa, o la de otros municipios y ejercicios, deben analizarse por separado.

Práctica: IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES · PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA · TARIFA PROGRESIVA · LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES
VI

Administrativo

5 tesis
Jurisprudencia Tribunales Colegiados de Circuito Relevancia Media
RECURSO DE REVISIÓN FISCAL — ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) SOBRE LA SOLICITUD DEL INCREMENTO DE LA CUOTA DIARIA PENSIONARIA, SI EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SÓLO SE LIMITÓ A DECIR QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA NO ACREDITÓ EL CÁLCULO CORRECTO DE LOS INCREMENTOS SOLICITADOS
Reg. 2032917 · XVI.1o.A. J/19 A (11a.) · Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito

¿Qué resuelve?

Diversas personas pensionadas solicitaron al ISSSTE el incremento de la cuota diaria pensionaria; el Instituto aumentó la pensión a algunas y omitió responder una solicitud. Las personas pensionadas promovieron juicio de nulidad y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de la resolución, pues la autoridad omitió calcular los incrementos conforme a la legislación aplicable; el Instituto interpuso revisión fiscal. Al resolver cinco revisiones administrativas (78/2021, 164/2021, 140/2021, 168/2021 y 167/2021), el Tribunal Colegiado sostiene que el recurso es improcedente cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sólo se limita a decir que la autoridad no acreditó el cálculo correcto de los incrementos. La resolución recurrida no contiene un pronunciamiento sustancial de fondo: la nulidad se decretó por un vicio formal, la ausencia de fundamentación y motivación, es decir, una irregularidad en la estructura del acto y no una cuestión sobre el fondo del asunto, aspecto de índole formal que torna improcedente el medio de impugnación. Debe advertirse que se trata de una jurisprudencia por reiteración de la Undécima Época (los asuntos se resolvieron entre 2021 y 2022), publicada en esta edición del Semanario.

Es improcedente el recurso de revisión fiscal contra la sentencia que declara la nulidad de la resolución del ISSSTE recaída a la solicitud de incremento de la cuota diaria pensionaria, si el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sólo se limita a decir que la autoridad demandada no acreditó el cálculo correcto de los incrementos de la cuota diaria pensionaria.

¿Por qué nos importa?

Criterio de utilidad en el litigio contencioso administrativo, en particular para personas pensionadas y para quienes litigan contra institutos de seguridad social. Para la parte actora que obtiene la nulidad por falta de fundamentación y motivación, refuerza la firmeza de la sentencia: la autoridad no podrá prolongar el litigio con una revisión fiscal si la nulidad se decretó por un vicio formal, sin pronunciamiento de fondo. Para la autoridad, implica que su impugnación debe demostrar que el Tribunal resolvió sobre el fondo del asunto (por ejemplo, sobre el derecho al incremento o la forma de cuantificarlo) y no sólo sobre la omisión de acreditar el cálculo. En términos más amplios, el criterio ilustra la distinción entre vicios formales y de fondo como límite a la procedencia de la revisión fiscal, lo que es relevante al definir los efectos que se solicitan en la demanda de nulidad y al evaluar la procedencia de medios de impugnación contra la sentencia. Conviene verificar, en cada caso, el sentido preciso de los efectos de la nulidad decretada.

Práctica: REVISIÓN FISCAL · VICIOS FORMALES · FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN · ISSSTE
Tesis Aislada Tribunales Colegiados de Circuito Relevancia Media
MONUMENTO ARTÍSTICO — EL ARTÍCULO 6o. DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA CON ESE CARÁCTER A LA OBRA DE DAVID ALFARO SIQUEIROS, EN LA PORCIÓN QUE PERMITE EXCEPCIONALMENTE SU EXPORTACIÓN DEFINITIVA CONDICIONADA, NO VIOLA EL DERECHO A LA PROPIEDAD
Reg. 2032906 · I.1o.A.4 A (12a.) · Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

¿Qué resuelve?

Una persona promovió amparo indirecto contra el oficio con el que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) le negó el permiso para exportar definitivamente una obra de su propiedad de David Alfaro Siqueiros, cuya obra fue declarada monumento artístico nacional por decreto publicado el 18 de julio de 1980. El Juzgado de Distrito concedió el amparo y la presidenta de la República interpuso revisión; en esta tesis se analizó el argumento de que el artículo 6o. del decreto restringe de forma desproporcionada el derecho de propiedad. Al resolver el amparo en revisión 999/2025 (del que derivan también las tesis Reg. 2032907, 2032908 y 2032909), el Tribunal Colegiado aplica el test de proporcionalidad con un escrutinio flexible, pues la norma no se apoya en una categoría sospechosa ni la persona quejosa pertenece a un grupo vulnerable. Concluye que el precepto: i) persigue una finalidad constitucionalmente válida, la preservación del patrimonio cultural, ordenada por el artículo 73, fracción XXV, constitucional; ii) es idóneo, pues permite la salida definitiva sólo cuando conviene al interés cultural de México y la obra se exponga en una institución de reconocido prestigio; iii) es necesario, porque sin él sería irrestricta la exportación de monumentos; y iv) es proporcional en sentido estricto, porque no priva de la propiedad ni prohíbe su venta en el país, sino que sujeta la exportación a condiciones mínimas.

El artículo 6o. del Decreto por el que se declara Monumento Artístico la Obra de David Alfaro Siqueiros, en la porción que autoriza excepcionalmente su exportación definitiva cuando sea adquirida por un museo o galería de exposiciones de reconocido prestigio, con el fin de ser exhibida públicamente en condiciones convenientes para el interés cultural de México, no viola el derecho de propiedad.

¿Por qué nos importa?

Desde la perspectiva administrativa, la tesis ilustra cómo se concilian los derechos de propiedad con las modalidades que el Estado impone para proteger el patrimonio cultural, y cómo se aplica el test de proporcionalidad con escrutinio laxo a las restricciones sobre bienes declarados monumentos. Para propietarias y propietarios de obras de arte, coleccionistas, galerías y despachos que asesoran en sucesiones, compraventas o traslados internacionales de bienes culturales, confirma que la exportación definitiva de monumentos artísticos no es un derecho absoluto y que la restricción, en los términos analizados, no priva de la propiedad ni impide su enajenación en el país. En la práctica, antes de cualquier operación transfronteriza conviene verificar si el bien está declarado monumento o forma parte de una obra así declarada, y estructurar la solicitud de permiso de manera que explique el motivo del traslado, garantice el disfrute colectivo y, en su caso, el retorno: según se relata en los hechos, la negativa se apoyó en que la solicitud no precisaba esos elementos. Se lee con las tesis Reg. 2032907, 2032908 y 2032909, derivadas del mismo asunto.

Práctica: MONUMENTOS ARTÍSTICOS · EXPORTACIÓN DE OBRAS · DERECHO DE PROPIEDAD · TEST DE PROPORCIONALIDAD
Tesis Aislada Tribunales Colegiados de Circuito Relevancia Media
MONUMENTO ARTÍSTICO — EL ARTÍCULO 6o. DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA CON ESE CARÁCTER LA OBRA DE DAVID ALFARO SIQUEIROS, EN LA PORCIÓN QUE PERMITE EXCEPCIONALMENTE SU EXPORTACIÓN DEFINITIVA, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA
Reg. 2032907 · I.1o.A.3 A (12a.) · Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

¿Qué resuelve?

Derivada del mismo amparo en revisión 999/2025 (Reg. 2032906, 2032908 y 2032909), en el que el INBAL negó el permiso para exportar definitivamente una obra de Siqueiros. El Juzgado de Distrito concedió el amparo al estimar que el artículo 6o. del decreto que declara monumento artístico la obra del pintor viola la legalidad, la subordinación jerárquica y la reserva de ley, porque prohíbe la exportación definitiva aunque la ley la permite, temporal o definitivamente; la presidenta de la República interpuso revisión. El Tribunal Colegiado sostiene que la porción del precepto que permite excepcionalmente al INBAL autorizar la exportación definitiva fue emitida por el presidente de la República en ejercicio de su facultad reglamentaria, con base en que el artículo 16, primer párrafo, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos faculta a emitir normas secundarias para regular las modalidades y condiciones de los permisos de exportación temporal o definitiva de monumentos artísticos. Al condicionar la exportación a que la obra sea adquirida por un museo o galería de reconocido prestigio para su exhibición pública conforme al interés cultural de México, el artículo 6o. regula condiciones acordes con el artículo 16 sin crear restricciones que rebasen la ley: se habilitó al Ejecutivo para detallarlas, por ser la autoridad mejor posicionada para valorar los casos en que pueden otorgarse, sin exceder la facultad del artículo 89, fracción I, constitucional.

El artículo 6o. del Decreto por el que se declara Monumento Artístico la Obra de David Alfaro Siqueiros, en la porción que excepcionalmente permite al INBAL autorizar su exportación definitiva, no viola los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica.

¿Por qué nos importa?

Criterio con valor general para el control de normas reglamentarias y decretos: muestra cómo se verifica que una disposición secundaria respete la reserva de ley y la subordinación jerárquica cuando existe una habilitación legal para regular las condiciones de un permiso o autorización. Para clientes sujetos a regímenes de permisos (patrimonio cultural, comercio exterior, ambiente, telecomunicaciones), el razonamiento sirve para evaluar si una condición impuesta por un decreto o reglamento es una pormenorización válida de lo previsto en la ley o una restricción nueva que excede su alcance; el punto de partida es identificar el precepto de la ley que habilita al Ejecutivo y comparar las condiciones del reglamento con su contenido. Debe advertirse que, en el caso concreto, la ley autorizaba expresamente regular modalidades y condiciones de los permisos, lo que hizo prevalecer la validez del precepto: la fuerza del argumento de subordinación jerárquica depende de que la norma secundaria contradiga o rebase la ley, y no de que la regule en detalle. Se lee con las tesis Reg. 2032906, 2032908 y 2032909, derivadas del mismo asunto, en especial con la Reg. 2032909 sobre la cláusula habilitante.

Práctica: RESERVA DE LEY · SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA · FACULTAD REGLAMENTARIA · PERMISOS DE EXPORTACIÓN
Tesis Aislada Tribunales Colegiados de Circuito Relevancia Media
MONUMENTOS HISTÓRICOS O ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD PARTICULAR — LA EXPEDICIÓN DEL PERMISO PARA SU EXPORTACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA ES UNA FACULTAD DISCRECIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL)
Reg. 2032908 · I.1o.A.1 A (12a.) · Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

¿Qué resuelve?

Derivada del mismo amparo en revisión 999/2025 (Reg. 2032906, 2032907 y 2032909), en el que el INBAL negó a una persona el permiso para exportar definitivamente una obra de su propiedad de David Alfaro Siqueiros. La presidenta de la República, al interponer la revisión, sostuvo que la posibilidad de exportar monumentos artísticos propiedad de particulares está condicionada al ejercicio de la atribución del INBAL de aprobar o negar el permiso. El Tribunal Colegiado coincide y sostiene que el artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que los monumentos históricos o artísticos de propiedad particular podrán exportarse, temporal o definitivamente, mediante permiso del instituto competente, en los términos del reglamento. La norma no otorga un derecho absoluto de exportación, sino que la posibilidad depende de la autorización previa. La ley dotó al INBAL y al Instituto Nacional de Antropología e Historia de una facultad discrecional, por lo que pueden conceder o negar los permisos siempre que lo hagan de manera fundada y motivada. No basta un simple permiso o revisión formal: el ejercicio de esa facultad pasa por el análisis de la idoneidad de la solicitud, en función de los objetivos de la ley y de las características del monumento, entre otros elementos.

La facultad del INBAL para expedir permisos para la exportación temporal o definitiva de monumentos históricos o artísticos es discrecional.

¿Por qué nos importa?

Desde la óptica administrativa, la tesis recuerda que una facultad discrecional no equivale a arbitrariedad: debe ejercerse de manera fundada y motivada, lo que abre el control jurisdiccional sobre los motivos expresados por la autoridad. Para quienes solicitan permisos (coleccionistas, galerías, herederos de obras, empresas que gestionan traslados de bienes culturales), implica que la solicitud debe construirse como un expediente que permita a la autoridad valorar su idoneidad: finalidad del traslado, destino, condiciones de conservación y exhibición, garantías de retorno y relevancia cultural del bien. Ante una negativa, el planteamiento no debe limitarse a invocar la ausencia de un derecho absoluto a exportar, sino a cuestionar la motivación del acto —si la autoridad valoró los elementos aportados y explicó por qué no satisfacen los objetivos de la ley—. Para la autoridad, confirma el margen de decisión, condicionado a una motivación suficiente. El razonamiento puede proyectarse a otros procedimientos en que la ley atribuye a la autoridad una facultad discrecional para otorgar permisos, concesiones o autorizaciones, en los que el estándar de fundamentación y motivación es el que fija el control.

Práctica: FACULTAD DISCRECIONAL · MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO · PERMISOS DE EXPORTACIÓN · PATRIMONIO CULTURAL
Tesis Aislada Tribunales Colegiados de Circuito Relevancia Media
MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS — EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ESTABLECE UNA CLÁUSULA HABILITANTE PARA REGULAR EN NORMAS SECUNDARIAS LAS CONDICIONES PARA EXPEDIR PERMISOS PARA LA EXPORTACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS O ARTÍSTICOS
Reg. 2032909 · I.1o.A.2 A (12a.) · Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

¿Qué resuelve?

Derivada del mismo amparo en revisión 999/2025 (Reg. 2032906, 2032907 y 2032908), relativo a la negativa del INBAL de permitir la exportación definitiva de una obra de Siqueiros declarada monumento artístico. Frente a la concesión del amparo, que se fundó en que el artículo 6o. del decreto violaba la legalidad, la subordinación jerárquica y la reserva de ley, la presidenta de la República sostuvo en revisión que fue voluntad del Poder Legislativo conferir la atribución de normar las modalidades de exportación a través de disposiciones reglamentarias. El Tribunal Colegiado coincide: recuerda que el desarrollo de las actividades administrativas del Estado ha llevado a dotar a funcionarios ajenos al Poder Legislativo de atribuciones normativas mediante cláusulas habilitantes, que son actos formalmente legislativos por los que se confiere a un órgano del Estado, principalmente de la administración pública, la facultad de regular una materia concreta y específica. El artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos dispone que los monumentos artísticos pueden exportarse, temporal o definitivamente, mediante permiso del INBAL en los términos del reglamento de la propia ley; con ello la legislatura delegó en la normatividad secundaria la regulación de los permisos, de modo que ésta determinará las condiciones y modalidades para otorgarlos o negarlos, mediante normas formalmente legislativas pero materialmente administrativas.

El artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece una cláusula habilitante para delegar en normas secundarias la regulación de las condiciones para expedir los permisos de exportación temporal o definitiva de monumentos históricos o artísticos.

¿Por qué nos importa?

Criterio de utilidad conceptual en el derecho administrativo, pues identifica el elemento que permite distinguir una remisión a la normatividad secundaria válida de una delegación indebida: la ley debe habilitar a un órgano a regular una materia concreta y específica. Para nuestra práctica administrativa y constitucional, el punto de partida al analizar una norma reglamentaria es localizar la cláusula habilitante en la ley, determinar su alcance (materia, órgano habilitado, finalidad) y verificar que las condiciones del reglamento se mantengan dentro de ese perímetro. En el ámbito de permisos y autorizaciones (patrimonio cultural, comercio exterior, ambiente, salud, telecomunicaciones), la existencia de una cláusula habilitante limita los planteamientos de falta de reserva de ley, que deberán concentrarse en demostrar que el reglamento contradice la ley o la excede. Al contrario, para la defensa de la autoridad, la identificación de la habilitación es el primer argumento a invocar. El razonamiento complementa la tesis Reg. 2032907, sobre reserva de ley y subordinación jerárquica, y se aplica de manera similar en otros casos en que una ley remite a su reglamento la fijación de condiciones.

Práctica: CLÁUSULA HABILITANTE · FACULTAD REGLAMENTARIA · NORMAS SECUNDARIAS · PERMISOS Y AUTORIZACIONES
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